El desafío urgente: actuar ante la asimetría departamental

En Bolivia las desigualdades en el desarrollo económico y social entre departamentos son
alarmantes. Las brechas son tales que el mayor PIB per cápita registrado el año 2005 lo
tenía Tarija con un valor de Bs.12,726; tres veces más que el de Potosí, que para entonces
registraba un valor de Bs.4,439. Las diferencias departamentales en la incidencia de
pobreza extrema también son significativas: mientras a nivel nacional se registraba para
el año 2001 una tasa de 40.4%, el departamento más pobre, Potosí, alcanzaba una tasa de
67% mientras que Santa Cruz, registraba una tasa de 25%.
El desarrollo humano departamental de los últimos diez años revela claros síntomas de
divergencia. Mientras la tendencia de la prevalencia de desnutrición crónica en menores
de tres años muestra una mejora a nivel nacional de 28% a 24% entre 1994 y 2003, Potosí
y Beni-Pando (en conjunto) divergen de esta senda alejándose cada vez más de la meta
del milenio establecida para el año 2015. La tendencia de la tasa de mortalidad infantil es
también un ejemplo de divergencia departamental: Oruro se aleja de la meta a un ritmo
que casi la duplica el indicador entre 1999 y 2003.
A esta asimetría en indicadores sociales y económicos, que retratan un desarrollo humano
heterogéneo y divergente a nivel departamental, se suma una segunda asimetría vinculada
con la actual distribución de los recursos fiscales cuya estructura pone aún en mayor
riesgo las posibilidades de una convergencia en el desarrollo económico y social a nivel
departamental. El objetivo del presente documento es alimentar el debate sobre la
responsabilidad política actual de crear las condiciones necesarias para un desarrollo más
equitativo. Planteamos que es posible revertir las tendencias de un desarrollo divergente
con los instrumentos ya existentes, pero respondiendo a criterios enfocados en resultados.
El destino de los recursos provenientes de los hidrocarburos es uno de los temas centrales
que debiera debatirse antes de adoptar decisiones definitivas sobre las nuevas
atribuciones y competencias del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales. El
malestar resultante de estas asimetrías nos aleja cada vez más de las posibilidades de un
desarrollo humano equitativo, más aún de posibilidades reales de una convivencia
pacífica entre bolivianos. Una nueva ecuación fiscal podría ser el punto de partida para
iniciar un nuevo ciclo de políticas públicas orientadas a alcanzar las metas de
convergencia departamental e intra-departamental en desarrollo humano.
 

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